El procurador delegado para la Función Pública, Marcio Melgosa, confirmó que la implementación del nuevo operador para la emisión de pasaportes en Colombia tardará al menos siete meses, una vez se suscriba el contrato entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, con mediación del Gobierno de Portugal.
La Procuraduría General de la Nación realizó el jueves una inspección preventiva tanto a la Cancillería como a la Imprenta Nacional para evaluar los avances frente al anunciado cambio de contratista. Las conclusiones, lejos de transmitir tranquilidad, revelaron la falta de preparación actual del nuevo operador estatal.
“Hoy no tienen la preparación para eso”, afirmó el procurador Melgosa, quien señaló que ni siquiera existe un convenio firmado que habilite formalmente a la Imprenta Nacional para iniciar labores.
De acuerdo con Melgosa, el plazo estimado para poner en marcha la transición técnica fue fijado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), entidad encargada de establecer los estándares internacionales para la fabricación de documentos de identidad como los pasaportes. La Cancillería cuenta con un documento técnico firmado con esta organización desde 2022, en el que se estipula que el cambio de contratista requiere una implementación mínima de siete meses.
“Esto no es de un día para otro. El documento establece claramente que este proceso tiene que cumplir con unos tiempos y estándares internacionales”, explicó Melgosa.
Este plazo incluye la adquisición e instalación de maquinaria, capacitación del personal, procesos de personalización de las libretas y cumplimiento de normas de seguridad internacional.
Uno de los aspectos más controversiales del caso es la inclusión del Gobierno de Portugal como intermediario para que la Casa de la Moneda de ese país produzca los pasaportes colombianos. Melgosa admitió que la Procuraduría no tiene certeza sobre cómo ni por qué se tomó esta decisión, ni quién la propuso oficialmente.
“Eso lo tiene que explicar la Cancillería”, dijo enfáticamente.
La falta de documentos formales que respalden esta alianza ha generado críticas desde diversos sectores, quienes cuestionan la legalidad del procedimiento y la transparencia del proceso.
Servicio en riesgo a partir de septiembre
Con el contrato actual a punto de vencerse y sin un nuevo operador plenamente habilitado, el panorama para septiembre es incierto. La Procuraduría, según Melgosa, se mantendrá vigilante para garantizar la prestación del servicio.
“Lo más importante es garantizar la prestación del servicio para los colombianos”, reiteró.
De no solucionarse la situación a tiempo, miles de ciudadanos podrían verse afectados por la falta de emisión oportuna de pasaportes, un documento esencial para trámites internacionales y procesos migratorios.