El traslado de cerca de 1.000 indígenas emberá desde la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja hacia un predio en el sector de El Salitre ha generado tensiones entre la administración distrital y los vecinos del sector, quienes cuestionan las condiciones del lugar y el manejo institucional del proceso.
Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, defendió la decisión asegurando que se han sostenido conversaciones con las comunidades aledañas para atender sus inquietudes. Señaló que el predio fue elegido por tratarse de un espacio cerrado, lo que facilitaría el control y el cuidado, especialmente porque el 50 % de la población emberá es menor de 18 años.
“Creo que lo más importante es llegar a un acuerdo de convivencia, porque Bogotá no puede ser una ciudad que segrega o que es sectaria. Tenemos que encontrar formas para convivir mejor. Entendemos las alertas de la comunidad, pero este predio cerrado permite mayor control”, afirmó.
La funcionaria explicó que este traslado tendrá dos componentes clave:
Un Puesto de Mando Unificado (PMU) operativo las 24 horas para garantizar vigilancia constante.
Un acuerdo de corresponsabilidad con los líderes indígenas, que incluiría compromisos de cuidado del espacio y posibles sanciones penales en caso de incumplimientos.
El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, anunció que esta semana se instalarán mesas de trabajo con los residentes del sector para escuchar sus quejas y preocupaciones. Además, reiteró el llamado a la Unidad para las Víctimas del Gobierno nacional para acelerar el retorno de estas comunidades a sus territorios.
Rechazo por el proceso
Sin embargo, los vecinos del sector de El Salitre expresaron su rechazo, no hacia el pueblo emberá como tal, sino hacia lo que consideran un proceso improvisado y sin garantías suficientes.
“El problema de invisibilizar las problemáticas es esto: se generan tensiones. No es rechazo hacia el pueblo emberá, es al olvido y al desconocimiento institucional. Este predio no tiene las condiciones para albergarlos. Nos han dicho que son 2.500 personas, pero el espacio no está en condiciones dignas”, dijo un residente, tras recorrer el lugar.
Según los vecinos, el terreno no cuenta con la infraestructura básica para atender adecuadamente a la comunidad indígena, lo que podría agravar tanto su situación como la convivencia en el sector. Además, reclaman que la comunicación ha sido escasa y que se sienten excluidos del proceso de decisión.
El traslado, que busca ofrecer un espacio más seguro y controlado para esta población vulnerable, se da en un contexto de tensiones sociales, limitaciones institucionales y una creciente urgencia por encontrar soluciones dignas y sostenibles para las comunidades indígenas asentadas en Bogotá.