Un nuevo informe de Unicef revela una realidad alarmante en Colombia: por quinto año consecutivo se incrementaron las graves violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes en el contexto del conflicto armado. Durante 2024, se verificaron 646 casos, lo que representa un aumento del 42 % en comparación con 2023.
Entre las violaciones documentadas se encuentran el reclutamiento y utilización de menores por parte de actores armados, asesinatos, mutilaciones, violencia sexual, secuestros, ataques a escuelas y hospitales, y restricciones al acceso humanitario. Más de la mitad de estos casos ocurrieron en departamentos como Cauca, Nariño y Chocó, así como en zonas fronterizas como Arauca y Norte de Santander, territorios donde las comunidades indígenas y afrocolombianas enfrentan un impacto desproporcionado.
El reclutamiento y utilización de menores continúa siendo la violación más frecuente, con 450 casos verificados, lo que significa un alarmante aumento del 64 % respecto al año anterior. Además, se reportó un incremento preocupante en los ataques a centros educativos y de salud, y en el uso de escuelas con fines militares, lo que impide que miles de niños accedan a servicios básicos como la educación y la atención médica.
Aunque el panorama es crítico, el informe también destaca algunos avances. El secretario general de las Naciones Unidas reconoció los esfuerzos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ha imputado a excomandantes de las Farc-EP por crímenes de guerra relacionados con la niñez, incluyendo reclutamiento forzado y violencia sexual, así como agresiones motivadas por orientación sexual e identidad de género.
Sin embargo, el llamado de las Naciones Unidas es urgente: todas las partes involucradas en el conflicto deben comprometerse con la protección de la niñez. Entre las principales recomendaciones se insiste en que los procesos de diálogo y negociación de paz incluyan medidas claras de protección infantil, que se reconozca los 18 años como edad mínima para el reclutamiento y que el Gobierno garantice justicia para las víctimas y la implementación del Plan de Acción Nacional sobre la Declaración de Escuelas Seguras.