Cogua, Cundinamarca: cargos contra exalcaldesa, Flor Murcia. Investigan si existieron irregularidades en la adquisición de un predio para construir un Centro Cultural.
Para la Provincial de Instrucción de la P.G. en Zipaquirá, no son claros los argumentos técnicos mediante los cuales la entonces mandataria (2020-2023) Flor María Murcia, realizó la citada compra.
El trámite contendría vicios que se asemejan a un posible “detrimento patrimonial”, razón por la cual determinó formular pliego de cargos contra la anterior mandataria en esa población de la Sabana Centro.
No es claro si el uso del suelo permitía esa clase de intervenciones urbanísticas, asunto sobre el cual profundizó en su análisis la agencia del Ministerio Público para esa zona de Cundinamarca.
Otro aspecto que llama la atención de la Procuraduría tiene que ver con el costo del predio adquirido por el municipio. “… los valores del avalúo al parecer no estarían ajustados al valor real de los mismos y tampoco cumplirían con las condiciones técnicas requeridas”, señalan los agentes de la P.G.
Ante esa circunstancia, para el organismo de control, la exalcaldesa Murcia Murcia habría incurrido en irregularidades al adquirir dos lotes con recursos públicos por un valor superior a los 5 mil millones de pesos. Insiste en que para concretar el procedimiento se utilizó un “avalúo que no cumpliría con los requisitos técnicos estipulados por la normativa vigente”.
Simultáneamente, en concepto de la misma entidad de vigilancia y control de Instrucción de Zipaquirá, el proceso de compra se fundamentó en un avalúo que, presuntamente, no satisfacía las condiciones técnicas necesarias. Quiere decir que podría haberse generado un sobrecosto en la adquisición de los terrenos.
Por su parte, la entonces mandataria municipal justificó la compra presentando sus propios argumentos. Indicó que la construcción del Centro Cultural iba a materializarse sobre terrenos compatibles con el uso vigente en Cogua. Sin embargo, para la Procuraduría ese aspecto no es tan cierto.
Además, la investigación disciplinaria señala que los valores consignados en el avalúo, aparentemente, no corresponden con el valor real de los predios; tampoco cumplen con los parámetros técnicos. Por todo ello y para los investigadores, es que podría deducirse en posible detrimento patrimonial con dineros oficiales del municipio.
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Con esas observaciones, la Procuraduría entró a calificar el caso, provisionalmente, como una “falta gravísima cometida a título de culpa grave”. Insiste en que, con lo anterior, se habrían “vulneraron los principios de economía, eficiencia y responsabilidad que deben regir la gestión pública”.Cogua, Cundinamarca: cargos contra exalcaldesa, Flor Murcia. Investigan si existieron irregularidades en la adquisición de un predio para construir un Centro Cultural.
Para la Provincial de Instrucción de la P.G. en Zipaquirá, no son claros los argumentos técnicos mediante los cuales la entonces mandataria (2020-2023) Flor María Murcia, realizó la citada compra.
El trámite contendría vicios que se asemejan a un posible “detrimento patrimonial”, razón por la cual determinó formular pliego de cargos contra la anterior mandataria en esa población de la Sabana Centro.
No es claro si el uso del suelo permitía esa clase de intervenciones urbanísticas, asunto sobre el cual profundizó en su análisis la agencia del Ministerio Público para esa zona de Cundinamarca.
Otro aspecto que llama la atención de la Procuraduría tiene que ver con el costo del predio adquirido por el municipio. “… los valores del avalúo al parecer no estarían ajustados al valor real de los mismos y tampoco cumplirían con las condiciones técnicas requeridas”, señalan los agentes de la P.G.
Ante esa circunstancia, para el organismo de control, la exalcaldesa Murcia Murcia habría incurrido en irregularidades al adquirir dos lotes con recursos públicos por un valor superior a los 5 mil millones de pesos. Insiste en que para concretar el procedimiento se utilizó un “avalúo que no cumpliría con los requisitos técnicos estipulados por la normativa vigente”.
Simultáneamente, en concepto de la misma entidad de vigilancia y control de Instrucción de Zipaquirá, el proceso de compra se fundamentó en un avalúo que, presuntamente, no satisfacía las condiciones técnicas necesarias. Quiere decir que podría haberse generado un sobrecosto en la adquisición de los terrenos.
Por su parte, la entonces mandataria municipal justificó la compra presentando sus propios argumentos. Indicó que la construcción del Centro Cultural iba a materializarse sobre terrenos compatibles con el uso vigente en Cogua. Sin embargo, para la Procuraduría ese aspecto no es tan cierto.
Además, la investigación disciplinaria señala que los valores consignados en el avalúo, aparentemente, no corresponden con el valor real de los predios; tampoco cumplen con los parámetros técnicos. Por todo ello y para los investigadores, es que podría deducirse en posible detrimento patrimonial con dineros oficiales del municipio.
Con esas observaciones, la Procuraduría entró a calificar el caso, provisionalmente, como una “falta gravísima cometida a título de culpa grave”. Insiste en que, con lo anterior, se habrían “vulneraron los principios de economía, eficiencia y responsabilidad que deben regir la gestión pública”.